|
El Gobierno autorizará el viernes al Abogado del Estado para actuar contra ANV
El Gobierno de la Nación autorizará el próximo viernes a la Abogacía General del Estado para que presente ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), al considerar que ambas formaciones «forman parte del entramado de Batasuna y, por tanto, están al servicio de ETA».
El Gobierno de la Nación autorizará el próximo viernes a la Abogacía General del Estado para que presente ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), al considerar que ambas formaciones «forman parte del entramado de Batasuna y, por tanto, están al servicio de ETA».
Así lo indicó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una rueda de prensa en la que explicó que las pruebas recabadas tras la detención en octubre de 2007 de la cúpula de Batasuna, entre ellas la existencia de «una caja única» entre todos estos partidos, han permitido adoptar esta decisión en este momento.
«Siempre les dije que en el mismo instante en que se obtuvieran pruebas que acreditaran, a juicio de los servicios jurídicos del Estado, la vinculación entre estas formaciones políticas y la ilegalizada Batasuna no tardaríamos ni un minuto en actuar en consecuencia», señaló Bermejo. «El minuto ha llegado y se va a actuar en consecuencia», apostilló.
Además de la «gestión financiera común» de Batasuna, PCTV y ANV, que se desprende del acta de una reunión entre representantes de estas formaciones que se celebró en junio de 2007, el ministro citó como «pruebas contundentes» de la ilegalicación el pago de las nóminas a 39 responsables de la formación ilegalizada por parte de los dos partidos legales y el manifiesto intervenido a Joseba Permach en el que Batasuna, Askatasuna, SEGI y ANV se comprometían a «poner en común todo su esfuerzo» para lograr la independencia.
Durante su intervención, Bermejo no descartó que los servicios jurídicos del Estado pidan a la Sala del 61 la suspensión cautelar del PCTV y ANV, la impugnación de sus candidaturas o ambas, aunque aseguró, en todo caso, que estas dos organizaciones «no estarán en las elecciones». «Vamos a impedir que estos partidos estén en el proceso electoral», indicó poco antes de añadir que existen «pruebas sobradas que acreditan que son mera continuidad del complejo Batasuna».
La suspensión cautelar de una formación política está contemplada en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), que establece en su artículo 11.8 que la Sala del 61, «durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar (...) la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el registro de partidos políticos». Tampoco aclaró si la Abogacía del Estado actuará contra el PCTV y ANV mediante la presentación de una demanda de ilegalización ante la Sala 61 del Supremo, tal y como se hizo en 2003 cuando se actuó contra Batasuna, o a través de un incidente de ejecución de esta sentencia, una vez acreditado que las dos primeras son herederas de la formación «ilegalizada». «Es una decisión puramente técnica y procesal que habrá de decidirse en función de los tiempos», apuntó.
De la misma forma, señaló que su departamento estará «absolutamente pendiente» para evitar que Batasuna esté presente en los comicios a través de «agrupaciones electorales o partidos durmientes». Al ser preguntado por posibles actuaciones contra partidos como Zutik, apuntó que «lo que no esté probado sirve para las charlas de café, para una charla entre amigos o para tener una opinión personal acerca de lo que ocurre». «Cuando se va ante un tribunal, necesitamos tener pruebas», añadió.
Bermejo justificó «la prudencia y el paso tranquilo» que ha seguido su departamento para solicitar la demanda de ilegalización ahora y no en las semanas previas a las elecciones municipales de 2007, al apuntar que entonces no existían pruebas «suficientemente contundentes» en los ámbitos socioeconómico, político y organizativo. Ilegalizar un partido, según indicó, es «una acción que hay que pensarse tres veces» porque supone «poner el dedo en la médula del sistema democrático».
«No sirven las prisas cuando de lo que se trata es de articular una demanda de tanta trascendencia», insistió antes de asegurar que se encuentra «muy tranquilo» porque, a su entender, la demanda de ilegalización «pasará el filtro constitucional» del Supremo, del Constitucional, que ha «afinado muchísimo en su exigencia probatoria» y del Tribunal de Estrasburgo.
|
Participa 
Favorito: 0
